LA CONTRATACION PUBLICA DE LA INNOVACION

El modo en el que las Administraciones Publicas se gastan el dinero público tienen implicaciones tanto para nuestra economía, como para las entidades que lo gastan, así como para la ciudadanía que son en última instancia quienes reciben sus servicios.

Las normas sobre contratación pública abren la posibilidad de no solo “cómo comprar”, sino también permiten una serie de incentivos a “qué comprar”. Todo ello, con el fin de gastar el dinero de los contribuyentes de la mejor forma posible, teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales, así como las nuevas oportunidades comerciales para las empresas.

La contratación pública innovadora (CPI) significa que el sector público asume el papel y los riesgos de un cliente principal, al tiempo que mejora la calidad de sus servicios y la productividad. La (CPI) pretende salvar el vacío existente entre los procesos y la tecnología de vanguardia y los clientes o usuarios del sector público que pueden beneficiarse de ellos. El riesgo, los costes, la colaboración y el compartir los beneficios son todos elementos importantes en una CPI.

En este sentido, la "Contratación Pública de Innovación" adquiere especial importancia en el proceso de desarrollo holístico y estratégico para un desarrollo sostenible e inclusivo, donde cada día con mayor insistencia cobra especial atención los desafíos ambientales, ecológicos, energéticos que como sabemos van de la mano, pero de la mano también van, esta vez en contra de nuestra salud, como estamos comprobando todos nosotros con la irrupción del SARS-CoV-2. 

El objetivo es facilitar a través de la (PPPs) la participación de las empresas y la gestión del sector público en un proceso de desarrollo que permita que los Estados afronten el desarrollo de los principales retos económicos, tecnológicos, sociales, ambientales y de protección de la salud, que como estamos comprobando están marcando nuestro destino.

Especial consideración adquiere en este sentido la implicación de las administraciones públicas conjuntamente con las empresas privadas en el desarrollo de las tecnologías emergentes a favor de la eficiencia ambiental en sentido amplio y de la puesta en práctica de los principios que representa la economía circular como nuevo modelo desarrollo económico y social.

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